Por Diana Silva
En el contexto de las elecciones de 2024 en México, es fundamental comprender cómo se lleva a cabo el proceso electoral para asegurar su transparencia y legitimidad. Una parte crucial de este proceso es la labor desempeñada por los funcionarios de casilla, quienes juegan un papel fundamental durante la jornada electoral.
Los funcionarios de casilla son ciudadanos seleccionados mediante un sorteo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para formar parte de las mesas directivas durante los comicios. Estas casillas electorales están compuestas por nueve funcionarios titulares, seis suplentes titulares y tres suplentes generales. El día de la elección, estos participantes deben presentar su nombramiento y permanecer en las urnas desde su instalación hasta su cierre.
Es común preguntarse qué sucede si uno rechaza la oportunidad de ser funcionario de casilla. Según el INE, no existen sanciones por negarse a participar en esta labor. De hecho, está garantizado como un derecho de los ciudadanos según el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este artículo establece que participar como observador de los actos electorales es un derecho exclusivo de los ciudadanos.
Hay diversos motivos por los cuales alguien podría declinar esta responsabilidad, como temores personales, compromisos escolares o laborales, la atención a un familiar o planes de viaje. Sin embargo, es importante reconocer que aceptar esta tarea puede traer consigo beneficios, ya que el INE puede proporcionar una compensación a los participantes. Por ejemplo, en 2023 se entregaron 500 pesos como ayuda para cubrir gastos de alimentación y transporte.
Además, es relevante tener presente que el INE establece criterios específicos para la selección de los funcionarios de casilla. Por ejemplo, para las elecciones de 2024, se ha anunciado que los ciudadanos nacidos en marzo o abril, cuyo apellido inicie con la letra “A”, serán los designados para participar como funcionarios de casilla el 2 de junio.
El proceso electoral en México requiere la participación activa de los ciudadanos, ya sea como votantes, funcionarios de casilla u observadores. Comprender los derechos y las responsabilidades asociadas con estas funciones es fundamental para asegurar elecciones justas y transparentes en el país.
