Por Kari Nava
Derivado de una denuncia anónima presentada el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández, ha dado un paso enérgico al ordenar una investigación contra excolaboradores del exministro Arturo Zaldívar.
Las acusaciones presentadas apuntan directamente a Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, quien es señalado de ejercer presión, extorsión y amenazas contra jueces para que resolvieran casos según sus intereses, ofreciendo beneficios políticos y económicos. Además, se menciona al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral, como parte de estas presuntas prácticas de presión hacia jueces y magistrados.
La denuncia también involucra a instituciones clave dentro del Poder Judicial, como la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Contraloría del Poder Judicial, señaladas de amenazar con declarar culpables de responsabilidades administrativas a titulares mediante quejas inventadas.
Además, se menciona la presunta participación del expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, en un posible intento de interferir en la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales.
Ante estas graves acusaciones, la ministra Piña ha decidido actuar enérgicamente, ordenando una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados y preservar la integridad y autonomía del Poder Judicial de la Federación.
Es importante destacar que esta investigación refleja la determinación de las autoridades judiciales de garantizar la imparcialidad y transparencia en el sistema judicial mexicano, así como su compromiso con la defensa de la independencia judicial.
La sociedad civil y los observadores están atentos a los resultados de esta investigación, que podría tener implicaciones significativas en el panorama judicial y político del país.
