Por: Elizabeth Flores.
En las últimas semanas, una nueva controversia ha surgido en torno a Xóchitl Gálvez, senadora de México, debido a supuestas conexiones entre su esposo y contratos otorgados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Estos señalamientos han generado un debate público sobre ética, transparencia y conflictos de interés en el ámbito político y administrativo del país.
La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones sobre contratos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que involucran a empresas vinculadas a su esposo.
Gálvez ha expresado su apoyo a la decisión del INAI de transparentar los contratos con la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S.A. de C.V. (OMEI), propiedad de su esposo, y ha asegurado no tener nada que ocultar.
Sin embargo, las acusaciones de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, sobre la existencia de contratos vigentes hasta 2023 han desatado un intenso debate.
En respuesta, Gálvez ha aclarado que si bien su esposo es un empresario, los contratos en cuestión finalizaron en 2019 y son completamente legales.
Ha comparado la integridad de su esposo con la de exesposo de Sheinbaum, señalando que mientras uno es un hombre de trabajo, el otro está relacionado con actos de corrupción previamente expuestos.
