Por Diana Silva
A medida que nos acercamos a las elecciones más grandes en la historia de México, la sombra del narcotráfico y la violencia política se cierne sobre el proceso democrático. En un escenario alarmante, al menos 30 aspirantes a cargos de elección popular han sido brutalmente asesinados, dejando a comunidades enteras sin representantes viables. En lugares como Maravatío, Michoacán, la violencia despiadada del crimen organizado ha eliminado a los candidatos, sumiendo a la población en la incertidumbre y el miedo.
Un informe de la consultora de seguridad Global Guardian arroja luz sobre las amenazas que enfrenta este proceso electoral. Se prevé que estas elecciones sean las más violentas en la historia democrática de México, resultado de décadas de políticas de seguridad ineficaces y una normalización de la violencia política. El informe destaca que el crimen organizado emplea una amplia gama de tácticas, desde secuestros y agresiones hasta intimidación y asesinato, con el objetivo de influir en los resultados electorales y capturar el Estado.
Aunque no se sugiere que los grupos criminales puedan impedir la celebración de los comicios, sí representan un riesgo significativo al influir directamente en los resultados mediante sobornos, financiamiento ilícito de campañas políticas e intimidación. Según el informe, estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Puebla son los más peligrosos para los políticos locales, con un alarmante número de ataques registrados en los últimos años. México se posiciona así como uno de los lugares más mortales para los políticos locales en todo el mundo.
Además del narcotráfico, existen otros riesgos que amenazan la integridad del proceso electoral, como la legitimidad de los resultados, la posibilidad de malestar social y movilizaciones de grupos de interés que podrían desencadenar protestas por irregularidades.
En este contexto, es crucial que las autoridades mexicanas tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los candidatos y la transparencia del proceso electoral. La paz y la estabilidad de México dependen en gran medida de la capacidad del gobierno para hacer frente a estas amenazas y proteger la voluntad democrática del pueblo.
